El genocidio de Rincón Bomba, Formosa, es uno de los crímenes más tapados de nuestra historia. Ocurrió en octubre de 1947, sesenta años atrás, pero recién comenzó a ser investigado hace tres años años por dos abogados, Julio Cesar García y Carlos Alberto Díaz.
Chicos pilagás, guríes argentinos
Los letrados, a instancias de las comunidades pilagás presentaron el 1 de abril de 2005 una denuncia contra el Estado Nacional en el Juzgado Federal de Formosa por crímenes terribles contra el pueblo indígena.
Jorge Pedrozo y Fredy Trinidad, secretario y subsecretario, respectivamente, de la Asociación Judicial de Formosa, filial de la FJA, confirmaron la existencia de la causa y sostuvieron que la masacre contra el pueblo pilagá, que involucra además a los pueblos wichí, toba y mocoví, es uno más de la serie que se ha desatado contra los pueblos originarios, pero quizás haya sido el que arrojó mayor cantidad de muertes. El pueblo de Formosa –añadieron- exige que se haga justicia.
Antropólogos forenses, por orden judicial, comenzaron a realizar exhumaciones en Rincón Bomba, tierras de la gendarmería cercanas a la localidad de Las Lomitas, en donde hace sesenta años habrían sido enterrados cientos de cuerpos. De todos modos, los presupuestos para las excavaciones fueron escasos, y esto ha hecho que se retrase el total esclarecimiento de la masacre y que continúe tan tapada como los cuerpos enterrados en Rincón Bomba. Veamos cómo sucedieron los acontecimientos.
Así fueron los hechos
En marzo de 1947 miles de hombres, mujeres y niños comenzaron la marcha desde Las Lomitas, en Formosa, hasta Tartagal, en Salta. Eran braceros pilagás, tobas, mocovíes y wichís. Les habían prometido trabajo en el Ingenio San Martín de El Tabacal, propiedad del magnate Robustiano Patrón Costas.
Les iban a pagar 6 pesos por día. Eso justificaba esa caminada de días y noches, más de cien kilómetros con hambre, cargando penurias y humillaciones. En abril llegaron a El Tabacal, se instalaron en las inmediaciones y empezaron a trabajar en la caña de azúcar. A trabajar todos, mujeres y chicos también. Pero cuando fueron a cobrar llegó la estafa: les quisieron pagar solo 2,50 pesos por día. Los caciques protestaron.
Pidieron un encuentro con don Robustiano o cualquiera otra autoridad del ingenio. Nadie los escuchó. Pocos días después, Patrón Costas dio la orden de echarlos sin ninguna consideración.
Miles de indígenas –se estima que eran 8.000- con escasísimos alimentos que les dieron pobladores de El Tabacal, emprendieron la retirada a Las Lomitas. Otros más de cien kilómetros a pié con níños, ancianos y el hambre que se fue acumulando en cuerpos huesudos y panzas desnutridas. Se instalaron en un descampado llamado Rincón Bomba, cercano al pueblo. Encontraron allí no sólo un madrejón que les proporcionaba agua, un recurso fundamental teniendo en cuenta el lugar hostil y las elevadas temperaturas, sino también compañía: ahí asentaban grupos de su misma etnia.
Estaban agotados y enfermos. Recuerdan algunas pocas crónicas de la época y lo confirman las presentaciones de los abogados García y Díaz, las madres indígenas recorrían las calles de Las Lomitas y de los parajes vecinos para pedir un poco de pan. La estafa que había protagonizado Patrón Costas contra los braceros se fue corriendo de boca en boca. Por aquel entonces Formosa no era provincia, los gobernantes eran designados por el poder central, es decir, por el presidente Juán D. Perón.
Los pilagás decidieron formar una delegación para ir a pedir ayuda. Al frente se pusieron tres caciques, Nola Lagadick, Paulo Navarro (Pablito) y Luciano Córdoba. Hablaron con la Comisión de Fomento. Y también con el jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional, comandante Emilio Fernández Castellano. El Presidente de la Comisión de Fomento se comunicó con el gobernador de Formosa, Rolando de Hertelendy, y éste con el gobierno nacional. Al enterarse, el presidente Juan Domingo Perón mandó inmediatamente tres vagones de alimentos, ropas y medicinas.
Los tres vagones llegaron a la ciudad de Formosa a mediados de septiembre. Pero el delegado de la Dirección Nacional del Aborigen, Miguel Ortiz, dejó los vagones abandonados en la estación tras ser despojados de más de la mitad de sus cargas. Salieron diez días después y llegaron a Las Lomitas a principios de octubre. Los alimentos estaban en estado de putrefacción. Pero aún así los repartieron en el campamento indígena. Las consecuencias fueron de espanto: al día siguiente amanecieron con fuertes dolores intestinales, vómitos, diarreas, desmayos, temblores, por lo menos cincuenta indígenas murieron, en su mayoría niños y ancianos.
Al principio fueron enterrados en el cementerio de Las Lomitas, luego les cerraron las puertas y los cadáveres tuvieron que ser llevados al monte. Cuentan que noche tras noche retumbaban los instrumentos en las ceremonias mortuorias. La indignación fue lógica. Las crónicas locales propalaron la versión de que la bronca se convertiría en estallido contra los habitantes y se infundió miedo.
Los indios denunciaron que habían sido envenenados. El presidente de la Comisión de Fomento de Las Lomitas, a su vez, fue a hablar varias veces con el comandante de los gendarmes. Le decía que el pueblo tenía miedo que los hambrientos los atacaran… Obvio, después de las muertes por alimentación podrida, este rumor creció. La Gendarmería rodeó el campamento indígena con cien gendarmes armados y prohibió a los pilagás entrar al pueblo.
Frente a tanta agresión y desprecio, el cacique Pablito pidió hablar con el comandante. El oficial aceptó encontrarse en el atardecer, pero a campo abierto. Allí estuvieron. Era el 10 de octubre. El cacique avanzó seguido por más de mil mujeres, niños, hombres y ancianos pilagás con retratos de Perón y Evita. Enfrente, desde el monte vecino, cien gendarmes los apuntaban con sus armas. Los indios habían caído en la trampa. El segundo comandante del Escuadrón, Aliaga Pueyrredón, dio la orden y las ametralladoras hicieron lo suyo. Cientos de pilagás cayeron bajo las ráfagas. Otros lograron escapar por los yuyales pero la Gendarmería se lanzó a perseguirlos: "que no queden testigos", era la consigna de los matadores.
La persecución duró días hasta que fueron rodeados y fusilados en Campo del Cielo, en Pozo del Tigre y en otros lugares. Luego -señala la presentación de los abogados-, los gendarmes apilaron y quemaron los cadáveres. Según la presentación ante la Justicia, fueron asesinados de 400 a 500 pilagás. A esto hay que sumarle los heridos, los más de 200 desaparecidos, los niños no encontrados y los intoxicados por aquellos alimentos en mal estado. En total, se calcula que murieron más de 750 pilagás, wichís, tobas y mocovíes.
Los diarios de aquel tiempo dieron informaciones muy confusas sobre lo que había sucedido, pero ninguno señaló al gran responsable, al hombre fuerte de la oligarquía, dueño del ingenio San Martín, don Robustiano Patrón Costas. Es más, algunos medios informaban de una sublevación. El diario “Norte” del 11 de octubre escribió –una rutina tan presente en todas las dictaduras genocidas- que hubo enfrentamientos armados.
“Extraoficialmente informamos a nuestros lectores –señalaba- que en la zona de las Lomitas se habría producido un levantamiento de indios. Los indios revoltosos pertenecen a los llamados pilagás quienes, según las confusas noticias que tenemos, vienen bien provistos de armas (...) Ya se habrían producido algunos encuentros, no se sabe si con los pobladores de la zona o con tropas de la Gendarmería Nacional”. A nivel del gobierno se trató de ocultar todo.
Hoy quedan aún pilagás que vivieron la masacre de Rincón Bomba y están dispuestos a dar su testimonio. Uno de ellos es el actual cacique Alberto Navarrete, un anciano que habla un castellano articulado como si fuera el idioma pilagá, y que le dijo a la enviada de la revista “Momarandu” que recordaba que era pequeño cuando ocurrieron los hechos. El era uno más de los que regresaban de Salta despedidos del ingenio San Martín. “Yo me estoy acordando del ´47. Gente amontonada en madrejón. Gendarmería disparó. Nosotros pudimos correr al monte. Yo visto eso. Yo declaré eso. Era 6 de la tarde. No teníamos armas nosotros. Correr nomás. Ellos tenían ametralladoras… No sabemos que pasó con todos, con las tolderías. Antes ya habían muerto envenenados. Yo visto eso. Muchos visto tirados, no se si los enterraron. Nosotros queremos saber”.
Las excavaciones fueron autorizadas en diciembre de 2005 por el juez federal formoseño Marcos Bruno Quinteros, en el predio cercano a Las Lomitas que desde 1987 pertenece a Gendarmería. Otro sobreviviente de la masacre colaboró con la identificación de la zona, ahora convertida en un bosquecito. Sin embargo, las exhumaciones debieron suspenderse el 30 de diciembre del 2005, a pocos días de iniciarse, por la feria judicial. Los patrocinadores de la causa resolvieron pedir ayuda económica a Nación porque consideran que están ante una tarea de investigación que demandará meses de trabajo en el lugar.
Estamos pues a sesenta años de la masacre, no vaya a ser que con la excusa de la falta de presupuesto en el Poder Judicial, todo siga tapado.
El pueblo pilagá
Los pilagás –principales víctimas de la matanza- son un pueblo de la familia Guaycurú que habita en el centro de la provincia de Formosa y en Chaco. Junto a los abipones, mocovíes y tobas, fueron llamados “frentones” por los españoles, y guaycurúes por los guaraníes por la costumbre de raparse la parte delantera de la cabeza. Hablan su propio idioma junto con el castellano.
Actualmente existen unos 10.000 pilagás repartidos en 19 comunidades en el centro de la provincia de Formosa. Antiguamente fueron cazadores y recolectores. Entre los frutos que recolectaban estaban los del algarrobo, chañar, mistol, tuna y del molle.
Robustiano Patrón Costas
Se trata del más conspicuo político de la oligarquía en la década del 40 del siglo XX. Había nacido en 1875 y el gobernador de Salta lo nombró Ministro de Economía provincial en 1908, oportunidad en que con su hermano Juan se apropiaron de tierras del departamento de Orán que pertenecían a las comunidades indígenas. Con la llegada del ferrocarril, una década después, establece asentamientos indígenas para asegurar mano de obra barata, casi siempre a cambio de vales, y funda el Ingenio San Martín de El Tabacal a partir de lo cual amasa una fortuna con la comercialización de azúcar.
Se convierte en el más alto representante político de los terratenientes, es designado presidente del Partido Demócrata (conservador), asume como gobernador de Salta, funda la Universidad Católica de la provincia, luego es elegido senador y jura como presidente del Senado de la Nación. Acuerdan los conservadores con el radicalismo antipersonalista la fórmula presidencial de la denominada “Concordancia”. Esa fórmula será Patrón Costas-Iriondo, pero no llegará el momento de las urnas porque irrumpe el golpe de Estado de 1943. Don Robustiano muere en 1965 sin que sobre él cayera condena alguna por los crímenes de la Masacre de Rincón Bomba.
En cuanto a su Ingenio San Martín, en 1996 es adquirido por el grupo norteamericano Seabord Corporation, beneficiario de la cuota azucarera que Estados Unidos le asigna a Argentina.
Situación actual
Integrantes de las comunidades toba, wichí y mocoví fueron en agosto a la casa de gobierno en Resistencia a reclamar la renuncia del Ministro de Salud, Ricardo Mayol, por la muerte de once indígenas debido a falta de atención sanitaria. Estas muertes en serie fueron básicamente provocadas por la falta de defensas orgánicas debido a la desnutrición. Los delegados dejaron un escrito dirigido al gobernador en el que señalaban: "Nunca más un indígena con hambre, nunca más un indígena con desnutrición. No nos acostumbramos a la exclusión y al racismo".
Anunciaron asimismo que se preparaba un documento para entregar al Juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de visita en Chaco. A su vez, la Pastoral Social denunció la situación que padecen hoy los pueblos originarios: "Sus territorios han sido invadidos y cercados impidiendo el paso de los indígenas para cazar, pescar, recoger miel, plantas alimenticias y medicinales. Los montes han sido arrasados con topadoras y los árboles derribados han sido quemados, exterminando de esta manera la muy importante fuente de proteínas que brindaban los animales silvestres. Las tierras fiscales (donde comúnmente vivían los indígenas) han sido saqueadas y rematadas por monedas a los amigos del gobierno de turno. La gente debe refugiarse en las banquinas de las rutas, a lo largo de las vías muertas del ferrocarril o en la periferia de las ciudades sin encontrar allí trabajo, una vivienda digna, acceso al agua potable y a sistemas mínimos de eliminación de basura y excretas”.
